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Messi, a un paso del banquillo

El juez dice que el jugador "podría haber conocido y consentido" el artificio para evadir 4,1 millones

Messi, posando ante el escudo del club

Imagen subida por: templario2009

Leo Messi apunta al banquillo. Si nada cambia, el astro argentino deberá responder ante un juez por haber defraudado a Hacienda 4,1 millones correspondientes al IRPF de sus ingresos por derechos de imagen entre 2007 y 2009. El titular del juzgado de instrucción número 3 de Gavà, Manuel Alcover, ha rechazado la petición de la fiscalía de dejar al futbolista fuera de la causa en la que se encuentran imputados tanto él como su padre, Jorge Messi, por tres delitos de fraude fiscal. El ministerio público entiende que la estrella azulgrana ?no conocía el alcance, dimensión, finalidad y efectos del entramado? ideado por su padre.

En un auto, el juez argumenta que hasta ahora, en la fase de instrucción, existen ?indicios suficientes? de que Messi ?podría haber conocido y consentido la creación y mantenimiento de una estructura societaria ficticia, que tenía como única finalidad eludir el cumplimiento de las obligaciones tributarias?. El engaño consistía en la cesión ficticia, por un precio irrisorio, de los derechos de imagen de Messi a empresas con sede en Belice primero, y después en Uruguay, que técnicamente se consideran paraísos fiscales.

Entre otras evidencias, el juez señala que los contratos ?vienen suscritos personalmente? por Messi y que era el socio ?aparentemente único? de una de las sociedades del entramado, Jenbril S.A. Eso implicaba que en ocasiones el jugador debía ?firmar los contratos dos veces, una a título personal y otra en representación de una sociedad que era titular de sus derechos de imagen?.
Para el juez, la instrucción se mueve en ?el ámbito de lo indiciario, no de la prueba acabada?, por lo que ?con que exista un fundamento razonable para sostener una acusación? es suficiente. Y recuerda que para considerarle responsable de un delito fiscal ?no es necesario que tenga pleno conocimiento de todas las operaciones contables o societarias ni la cuantía exacta de lo defraudado, sino que basta con que conozca la finalidad defraudatoria y la consienta?. En todo caso, razona, deberá ser en un juicio donde se dirima si Messi es responsable del fraude en los 10,1 millones que ganó de Banc Sabadell, Telefónica, Danone, Air Europa, Adidas, Pepsi y Konami entre 2007 y 2009.

?Todos estos indicios existían ya en el momento en que se admitió a trámite la querella? del fiscal, añade la juez, ?sin que las diligencias de investigación practicadas los hayan desvirtuado o contradicho?. Por todo ello desestima la petición del ministerio público, y deja a Messi y a su padre a las puertas de un juicio.

Durante un año, el abogado de la familia Messi ha buscado de todas las formas posibles llegar a un pacto con las dos acusaciones ?el fiscal y la Abogacía del Estado, en nombre de Hacienda? basado en pagar lo adeudado, reconocer parte del delito del que se hace cargo el padre del futbolista y asumir una abultada multa. En una carta y en su declaración ante el juez, en septiembre del año pasado, el progenitor mantuvo al margen en todo momento a su hijo, culpó a un exsocio Rodolfo Schinocca, y asumió la responsabilidad en la falta de control de sus asesores.

La estrategia sirvió para convencer a la fiscalía, que asumió que Messi desconocía la gestión que hacía su padre de los bienes, y atribuyó a este la ?iniciativa para defraudar?. También dos inspectores de la Agencia Tributaria declararon que Messi ?no sabía nada al respecto?. A pesar de eso, la Abogacía del Estado pidió que se abriese juicio oral contra ambos.

La familia depositó en agosto la cantidad defraudada más los intereses en el juzgado, unos cinco millones, a modo de ?pago reparatorio?. Algo que el juzgado considera ?irrelevante? para decidir si mantiene o no la imputación a Messi, y que servirá, en todo caso, para rebajar la pena si acaban condenados. Además, el astro azulgrana ha pagado otros 10 millones para regularizar la situación de 2010 y 2011, a pesar de que no son objeto de esta investigación, para evitar consecuencias futuras. Ahora fiscalía y la Abogacía del Estado tienen 10 días para solicitar la apertura del juicio oral o el sobreseimiento de la causa.

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