EL CLUB SE NIEGA A DEVOLVERLE A LOPERA SUS ACCIONES

Los gestores del Betis se han opuesto a la petición de la Fiscalía de Sevilla de que el juzgado que investiga la gestión de Manuel Ruiz de Lopera en el club le devuelva sus acciones, ya que existe 'el temor más que fundado a una apresurada venta' y que caigan en manos de 'terceros con mala fe'. Los actuales gestores del club, en un escrito dirigido al juzgado de instrucción 6 de Sevilla, afirman que la empresa Farusa, propiedad de Lopera, 'se utilizaba instrumentalmente para sustraer dinero de las arcas béticas' y su 'actividad defraudatoria era mucho más relevante que la actividad legal'. Por ello, los abogados del club se han opuesto a la petición de la Fiscalía de que se levante la administración judicial de las acciones de Lopera con el fin de garantizar los principios de legalidad y porque han desaparecido las circunstancias que motivaron la adopción de la medida, en julio de 2010, así como 'el plazo previsto para su establecimiento'.

Según el escrito del Real Betis, sigue vigente el 'temor más que fundado de una apresurada venta de las citadas acciones y con ello la entrada de terceros de mala fe', como sucedió con el antecedente de la 'transmisión apresurada a la entidad Bitton Sport, que tiene su propio proceso judicial abierto'. 'También resulta notoria la posibilidad de que se den situaciones de administración irregular por existir indicios de un uso de los derechos políticos en perjuicio de la sociedad y vista la importancia del paquete de acciones' de Lopera, añaden.

Argumentan, además, que la dilación del proceso que instruye el juzgado de instrucción 6 de Sevilla 'no es imputable al perjudicado, el club Real Betis, ni a sus socios, y es vital la necesidad de mantener las medidas cautelares para evitar mayores perjuicios durante el proceso'. Entienden los abogados del Betis que 'no son de recibo los razonamientos a favor del cese de las medidas cautelares por parte del Ministerio Fiscal' y que se basen en argumentos de naturaleza mercantil, pues 'debe existir una separación entre ambos procesos, ya que son jurisdicciones diferentes y por lo tanto tienen objetivos diferentes, lo que dañaría el principio de seguridad jurídica'. En la fase en que nos encontramos, según su escrito, la medida cautelar se adoptó para la 'protección de la víctima, que en nuestro caso son los socios y la propia sociedad' y 'sería una temeridad' devolver su administración 'a quien durante muchos años ha ido vaciando económicamente las arcas verdiblancas'.